Uno de los hitos más importantes de la historia de Aragón es el Compromiso de Caspe. La solución adoptada en esta villa aragonesa a finales de junio de 1412 constituyó un ejemplo de ecuanimidad, concordia entre los pueblos y acierto político, porque resolvió pacíficamente el vacío monárquico, abierto dos años antes con la muerte del rey Martín el Humano sin sucesión directa, y evitó prolongar el consiguiente interregno más allá de lo que la prudencia aconsejaba antes de caer en la anarquía y el desorden.
Para unos, la solución de Caspe fue políticamente modélica si se compara con situaciones similares europeas que arrastraron un período de guerras y enfrentamientos fratricidas; para otros, sin embargo, triunfó la fuerza y diplomacia del aspirante al trono más poderoso y mejor apoyado política y económicamente; los hay que ven en la persona del elegido para ocupar el trono -el infante castellano don Fernando de Trastámara - el candidato más idóneo en esa coyuntura, por encima de cualquier valoración legal; no faltan quienes apuntan intereses sociales y económicos, movidos entre bastidores, que desplazaron a cualquier otro tipo de motivación; y, finalmente, cabe señalar a los que consideran virtualmente el resultado del Compromiso como solución típicamente aragonesa dentro de un contexto jurídico-institucional en el que triunfó el Derecho y la legitimidad.
Pero, sea cual sea el criterio más adecuado y que podría constituir en puridad la síntesis de todos los puntos de vista reseñados, no cabe duda de que la iniciativa aragonesa jugó un papel destacado en el proceso iniciado en la Concordia de Alcañiz y culminado en el Compromiso de Caspe. Sin olvidar la especial colaboración e intercesión de dos aragoneses ejemplares en muchos aspectos, el jurista Berenguer de Bardaxí y don Pedro de Luna (Benedicto XIII), y de un valenciano, San Vicente Ferrer, que se consideraron responsables, por diferentes motivos, de proporcionar a la Corona de Aragón un nuevo monarca que devolviera las glorias pasadas a los territorios que la conformaban y la tranquilidad y el orden a los súbditos de la misma, desde las fronteras aragonesas con Castilla hasta el extremo oriental del Mediterráneo.
1. Los candidatos a la Corona y sus derechos: A la muerte del rey Martín el Humano en 1410 sin sucesión directa legítima, eran varios los aspirantes al trono en distinto grado de parentesco. Por primera vez en la historia de la Corona -y por segunda en el reino de Aragón- se planteaba un problema de vacío de poder después de que, durante siglos, la sucesión se había resuelto tradicionalmente por primogenitura y masculinidad. La incógnita de la última voluntad del monarca difunto, que había perdido la garantía de la continuidad dinástica con el fallecimiento de su único hijo Martín de Sicilia en 1409, permitió especular con las postreras palabras del moribundo respecto al debate sucesorio que se preveía inmediato tras el último estertor.
En la Corona de Aragón el derecho de la sucesión al trono se basaba primordialmente en la «costumbre» (o razón natural); con lo que, al no existir ninguna disposición por escrito sobre el particular, los testamentos reales y algunas manifestaciones esporádicas de derecho hereditario habían llegado a conformar un sentimiento colectivo acerca de la cuestión. Pero en definitiva, y a diferencia de Castilla o Navarra, ni en la legislación aragonesa ni en la catalana o valenciana constaba ordenamiento alguno que regulara explícitamente la sucesión real. Las únicas disposiciones legales referidas al acceso al trono de un nuevo monarca daban por supuesta su legítima designación y se ocupaban exclusivamente de los actos referentes a la coronación y juramento.
Pero, en esta ocasión, faltaba la continuidad de la casa de Barcelona en la ocupación directa del trono. Si hasta la fecha en los testamentos de los reyes se hacía constar la persona a la que correspondían los reinos y tierras de la Corona, el del rey Martín no resolvía la cuestión, pues en el único testamento conservado dejaba heredero universal a su hijo Martín de Sicilia, fallecido antes que él, y, en su defecto, a sus descendientes, sólo que el rey de Sicilia únicamente tenía un hijo bastardo, condición que le excluía automáticamente del trono.
En definitiva, las pretensiones de los diversos candidatos manifestarían a la larga las tensiones latentes en la estructura territorial de la Corona, antes que las diferencias meramente familiares o los intereses puramente dinásticos, alzándose finalmente con el poder la personalidad más adecuada para ello y la que mejor había preparado el camino desde el primer momento. No obstante, seis eran los aspirantes en un principio, si bien dos de ellos capitalizaron la atención de la cuestión sucesoria con ventaja sobre los demás, Fernando de Trastámara y don Jaime, conde de Urgel:
— Fernando de Trastámara, emparentado en tercer grado de la línea colateral con Martín I por línea femenina, como hijo de Leonor hermana de doble vínculo del rey difunto e hija, como éste, de Pedro IV;
— Jaime de Urgel, emparentado en quinto grado de la línea colateral, por línea masculina como hijo de Pedro de Urgel, heredero de Jaime de Urgel, que era hermano de Pedro IV (ambos hijos de Alfonso IV);
— Alfonso de Gandía, emparentado en quinto grado de la línea colateral (aunque más alejada que la del conde de Urgel), por línea masculina, como hijo de Pedro de Ribagorza hermano de Alfonso IV (ambos hijos de Jaime II). Don Alfonso murió, no obstante, en marzo de 1412;
— Luis de Anjou, duque de Calabria, emparentado en cuarto grado de la línea colateral con Martín I, por línea femenina, como hijo de Violante, hija de Juan I y sobrina de Martín;
— Federico de Luna, emparentado en segundo grado como hijo natural de Martín de Sicilia, hijo de Martín el Humano, y, por tanto, descendiente por línea masculina, pero excluido por ilegitimo;
— Isabel de Aragón y de Fortiá, hermana (de padre) del rey Martín I e hija de Pedro IV el Ceremonioso y de su cuarta esposa Sibila de Fortiá. Su condición femenina hizo que se le desechara como candidata al trono a pesar de estar casada con otro aspirante, el conde de Urgel, y de presentar sus derechos independientemente de su cónyuge.
La cuestión se debatió en Caspe sobre la preferencia de la línea masculina de descendencia a la femenina, la más próxima a la más remota, teniendo en cuenta que todos los candidatos eran parientes de Martín el Humano por línea colateral. De los nueve compromisarios elegidos para emitir su juicio, los tres aragoneses, dos valencianos y un catalán se inclinaron por el varón más próximo procreado en legítimo matrimonio y unido asimismo por grado de consanguinidad al rey Martín, prevaleciendo en general y definitivamente la proximidad de grado sobre la masculinidad o feminidad del parentesco; el elegido Fernando de Trastámara descendía de Leonor, hija de Pedro IV y hermana de Martín el Humano, y se hallaba en tercer grado de consanguinidad con el monarca difunto.
2. La intervención del Papa Luna (Benedicto XIII) y de San Vicente Ferrer. Además de la especial actuación del jurista aragonés Berenguer de Bardaxí en los negocios de la sucesión, que fue recompensado generosamente por Fernando de Trastámara una vez elegido en Caspe y reconocido como rey legítimo, otras dos personalidades destacaron en el desarrollo del célebre Compromiso: don Pedro de Luna y San Vicente Ferrer.
El Interregno y el Compromiso de Caspe brindaron al Papa Luna la ocasión de volcarse materialmente en la cuestión sucesoria, y, si bien su intervención nunca llegó a ser personal y directa, supo mover los hilos de la trama mediante legados y emisarios presentes en los momentos decisivos, así como con el golpe de efecto de sus escritos dirigidos a los parlamentos de la Corona; culminando en la selección de los compromisarios encargados en última instancia de la irrevocable elección de Caspe. En definitiva, su intervención puede resumirse en: la preparación del terreno intentando salvar las diferencias y divisiones internas de los Estados de la Corona; la exclusión de los pretendientes al trono adictos al papa de Roma (él había sido elegido en Aviñón); y la idea de acudir a un compromiso decisorio como medio de resolver la sucesión.
Benedicto XIII, como papa oriundo de Aragón, pudo intervenir sin que los aragoneses vieran perturbación alguna en ello, por la admiración y el respeto filial que le tenían. Ya en el parlamento aragonés que preparó la Concordia de Alcañiz, y en el catalán de Tortosa, había puesto de manifiesto su pensamiento político y la filosofía de su planteamiento de la cuestión sucesoria, aconsejando que la solución definitiva debía confiarse a unas cuantas personas elegidas por sus cualidades morales y conocimientos legales y de gobierno. Don Pedro de Luna fue el artífice del progresivo traslado de la via iustitiae a la via compromissi que se advierte en el proceso sucesorio, y, sobre todo, fue el principal valedor de la persona del infante castellano don Fernando de Trastámara, en quien veía un apoyo incondicional en el asunto del Cisma de Occidente, garantizándose la obediencia papal de Castilla y Aragón en unos momentos en que peligraba el pontificado aviñonés de Benedicto XIII.
Íntimamente ligada a la actuación del papa aragonés está la figura de San Vicente Ferrer, quien actuó como instrumento de sus planes, basándose en su autoridad moral y en la inclinación sentida hacia don Fernando, correspondida ampliamente, durante el Interregno. Fray Vicente Ferrer tuvo, además, el honor de formar parte de los nueve «hombres justos» de Caspe, y de ser el encargado de proclamar y hacer pública la elección del nuevo rey, así como de comunicarla al interesado. El santo valenciano vio siempre en don Fernando de Trastámara un colaborador eficaz de sus sermones contra los judíos de la Corona y un servidor incondicional de los intereses de Benedicto XIII, a quien obedeció sin miramientos hasta que Fernando I decretara la sustracción a la obediencia del papa Aragonés de Aviñón en 1416.
3. La solución del Compromiso: La Concordia de Alcañiz de febrero de 1412, regulaba en 28 capítulos el procedimiento a seguir en la elección del nuevo monarca. En ella se diputaba a catorce personalidades aragonesas para que proveyeran, investigaran y decidieran con plenos poderes, junto con los representantes catalanes, sobre la personalidad del candidato legalmente idóneo; deliberando, finalmente, que la negociación se remitiese a nueve miembros, seleccionados entre los más respetables, para que dialogaran y midieran los derechos de los aspirantes. La respuesta definitiva debía darse en el plazo de dos meses, a contar desde el 29 de marzo, con la posibilidad de una única prórroga que, en todo caso, no debía sobrepasar el 29 de junio de aquel año; y el lugar de reunión debía ser la villa de Caspe, que se vería protegida de cualquier intento armado externo o interno.
Respecto a los nueve jueces, debían representar proporcionalmente a Aragón, Valencia y Cataluña; trasfiriéndoles plenos poderes y amplias facultades para obrar en consecuencia, de manera que sirviera la decisión tomada como mínimo por seis de ellos, siempre que hubiese al menos uno de cada reino.
Los aragoneses que habían asumido la responsabilidad del parlamento aragonés -Berenguer de Bardaxí, el gobernador y el Justicia del reino- la tomaron también en la designación de los compromisarios, eclesiásticos o juristas todos ellos. Por Aragón: Domingo Ram (obispo de Huesca), Francisco de Aranda (enviado de Benedicto XIII) y el inefable Berenguer de Bardaxí; por Valencia: Bonifacio y Vicente Ferrer y Giner Rabasa (sustituido luego por Pedro Bertrán); y por Cataluña: Pedro de Sagarriga (arzobispo de Tarragona), Guillén de Vallseca y Bernardo de Gualbes. Nombres que fueron aceptados por los parlamentos catalán y valenciano sin apenas reparos. Con ello la iniciativa aragonesa -respaldada por la autoridad espiritual de Benedicto XIII- se había impuesto sobre la indecisión catalana, la división de los valencianos y la rebeldía de los conjurados en el paralelo Parlamento de Mequinenza, que intentaba apoyar al conde de Urgel e invalidar los demás parlamentos.
Los compromisarios se encerraron finalmente en concilio sucesorio el 17 de abril con absoluta reserva en sus deliberaciones, escuchando a los procuradores y abogados de los candidatos. Tras una primera prórroga a partir del 28 de mayo, día en que expiraba el primer plazo estipulado en la Concordia de Alcañiz, el 24 de junio, reunidos los jueces en votación secreta, levantaron acta por triplicado. Fernando de Castilla obtuvo seis de los nueve votos: los tres aragoneses, los dos valencianos de los hermanos Ferrer, y el catalán de Bernart Gualbes; al menos, pues, uno de cada uno de los tres reinos.
La sentencia de Caspe complació mucho en Aragón, menos en Valencia y escasamente en Cataluña. El 28-VI-1412, en la iglesia mayor de la villa, tras un solemne oficio religioso, San Vicente Ferrer leía públicamente el acta de la elección, culminando un episodio de la historia de Aragón que sirvió para introducir en la Corona una nueva dinastía en la persona de Fernando I de Trastámara, quien tuvo que resolver en primer lugar la violenta oposición del conde de Urgel y de sus seguidores, encabezados por el aragonés Antón de Luna que nunca aceptaron la resolución de Caspe.
Fuente: http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4057
